Concreción del régimen sancionador por el incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas anuales.

Concreción del régimen sancionador por el incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas anuales.

Por Maria de la O Lucena  |Marzo 01 2021| Actualidad Mercantil

 

 

El artículo 279.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”), impone al órgano de administración de las sociedades de capital la inexcusable obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil del domicilio social, dentro del mes siguiente a su aprobación por la Junta General.

El incumplimiento de esta obligación de depósito lleva aparejado un régimen sancionador, con la imposición a la sociedad de multas por importe de 1.200 a 60.000 euros por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (en adelante “ICAC”), límite cuantitativo que podía elevarse hasta los 300.000 euros, cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros, todo ello según lo previsto en el artículo 283 de la LSC.

Pues bien, hasta ahora y a pesar de dicha previsión legal, lo cierto es que el ICAC no podía instruir el correspondiente expediente sancionador, debido a la ausencia de desarrollo reglamentario, si bien dicha carencia ha sido subsanada mediante la reciente publicación del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, que entró en vigor el pasado 31 de enero de 2021 y que será de aplicación para al depósito tardío de las cuentas anuales del pasado ejercicio 2020.

En concreto, su Disposición adicional undécima viene a fijar un plazo máximo de 6 meses para resolver y notificar el procedimiento, a contar desde la adopción por el Presidente del ICAC del acuerdo de incoación, todo ello sin perjuicio de la posible suspensión y ampliación por las causas legalmente previstas en los artículos 22, 23 y 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como a establecer los criterios que determinará el importe de las sanciones, dentro de los parámetros marcados en el artículo 283 de la LSC:

a) La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.

b) En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.

c) En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento.

Finalmente, interesa clarificar que el hecho sancionable consiste la ausencia de depósito por el órgano de administración, una vez las cuentas anuales han sido aprobadas en Junta general ordinaria (véanse artículos 160.a) y 272 de la LSC) y no la falta de aprobación o aprobación extemporánea de dichas cuentas en sí, esto es, más allá de los seis primeros meses de cada ejercicio (artículo164.1 de la LSC).

La aprobación de esta disposición reglamentaria va a suponer, sin duda, un incremento significativo y exponencial del número de expedientes sancionadores aperturados frente a aquellas empresas que, aún habiéndolas aprobado, no cumple son su obligación legal depósito de cuentas dentro del mes siguiente al de su aprobación, pues lo cierto es que, hasta el momento y so pretexto de la ausencia un desarrollo reglamentario específico, este tipo de conductas omisivas no eran, en la práctica, objeto de sanción.


ADVERTENCIA LEGAL El contenido de este artículo posee un carácter meramente informativo y, en ningún caso, ni constituye ni podrá entenderse como la prestación de un servicio de asesoramiento legal (jurídico) o financiero (fiscal, mercantil, económico), el cual sólo podrá obtenerse dirigiéndose a B2B CORPORACION. En consecuencia, su contenido resulta manifiestamente insuficiente para la adopción de decisiones o posiciones en un caso concreto, para lo cual deberá contar con el asesoramiento profesional dentro de área en cuestión.

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