#ALERTA INFORMATIVA: MORATORIA EXCEPCIONAL ARRENDAMIENTOS

#ALERTA INFORMATIVA: MORATORIA EXCEPCIONAL ARRENDAMIENTOS

REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA HACER FRENTE AL COVID 19

En fecha de 1 de abril de 2020, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID 19 (en adelante “RDL11 2020”), que contiene una amalgama amplia de medidas de alcance diverso, centrándonos en esta alerta informativa en los términos y condiciones aplicables a la moratoria excepcional de los contratos de arrendamiento y que procederemos a resumir a continuación.

La referida moratoria de deuda arrendaticia es una medida regulada en los artículos 3 a 9 del RDL 11 2020 y que procura la protección de la vivienda habitual de personas arrendatarias en situación de especial vulnerabilidad económica a causa del COVILD-19.

MORATORIA DE LA DEUDA ARRENDATICIA

  1. ARRENDATARIO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA.

Para que la persona arrendataria de la vivienda habitual sea considerada en situación de vulnerabilidad económica a efectos de obtener las moratorias o ayudas en relación a la renta arrendaticia de la vivienda habitual previstas en el RDL 11 2020, su artículo 5 exige la concurrencia de los siguiente dos requisitos, de forma conjunta o cumulativa:

a) Que la persona obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en cualquiera de las siguientes situaciones:

  • Desempleo;
  • Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE);
  • Reducción de jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario; u
  • Otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos

Además de la concurrencia de cualquiera de las situaciones anteriores, el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de la moratoria no superará:

  1. Unidad familiar sin hijos: Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM) y que, actualmente, asciende a 537,84 €, quedando fijado ese límite cuantitativo en 1.613,52 €.
  2. Unidad familiar con hijos: Por cada hijo a cargo el límite anterior se incrementará en 0,1 veces el IPREM y, en caso de unidad familiar monoparental, el incremento será de 0,15 veces el IPREM.
  3. Mayor de 65 años: El límite general se incrementará en 0,1 veces el IPREM pr cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
  4. Discapacitados > 33%, situación de dependencia o incapacitación permanente para realizar actividad laboral: El límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo y que, en determinados supuestos, puede verse incrementado hasta cinco veces el IPREM.

Se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que

residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.

  1. PERSONAS EXCLUIDAS DE MORATORIAS O AYUDAS RELACIONADOS CON LA RENTA ARRENDATICIA DE LA VIVIENDA HABITUAL.

No concurrirá vulnerabilidad económica por razón del COVID-19 cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España, salvo que el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento.

Se exceptuarán también a quienes, aún siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.

  1. ACREDITACIÓN DE LA CONCURRENCIA DE LOS REQUSITOS DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA.

La persona arrendataria presentará a la persona arrendataria los siguientes documentos para la acreditación de la concurrencia de situación de vulnerabilidad económica:

a) Situación legal de desempleo: Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) Cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia:Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual:

  1. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
  2. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
  3. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

d) Titularidad de los bienes: Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

e) Declaración responsable del deudor/es: Relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según el RDL 11 2020.

Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos por motivos relacionados con el COVID-19, podrá sustituirlo por una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos impeditivos de su aportación, disponiendo de un mes para su efectiva aportación tras la finalización del estado de alarma.

  1. DEFINICIÓN “GRAN TENEDOR”

A los efectos de la aplicación automática de la moratoria de deuda arrendaticia de acuerdo a lo previsto en el artículo 4 del RDL 11 2020, se entenderá como gran tenedor a aquella persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos (excluyendo garajes y trasteros) o de una superficie construida de más de 1.500 m2.

  1. ARRENDADOR EMPRESA, ENTIDAD PÚBLICA DE VIVIENDA O GRAN TENEDOR: APLICACIÓN AUTOMÁTICA DE MORATORIA DE DEUDA ARRENDATICIA

Concurriendo la situación de vulnerabilidad económica en los términos anteriormente expresados y acreditados, la persona arrendataria podrá solicitar al arrendador que sea empresa, entidad pública de vivienda o un gran tenedor (en adelante “arrendador profesional”), en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del RDL 11 2020 (esto es, desde el 1 de abril de 2020), el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

Ante la falta de acuerdo entre las partes, el arrendador profesional deberá comunicar expresamente y en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida necesariamente entre alguna de las siguientes alternativas:

a) Reducción de la renta arrendaticia: Reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo, en todo caso, de cuatro meses.

b) Moratoria en el pago de la renta: De aplicación automática y a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante, al menos, tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación de vulnerabilidad o a partir de la finalización del plazo máximo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización ni las cantidades aplazadas generarán intereses a favor de la parte arrendadora.

  1. ARRENDADOR PERSONA FÍSICA Y LA POSIBILIDAD DE QUE EL ARRENDATARIO ACCEDA A LA LÍNEA DE AVALES GARANTIZADAS POR EL ESTADO.

La persona arrendataria vulnerable podrá solicitar a su arrendador persona física, durante el presente mes de abril, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, que deberá ser contestada en el plazo máximo de 7 días laborables. Indicando las condiciones del aplazamiento o fraccionamiento o, en su defecto, las posibles alternativas que plantee en relación a las mismas.

Si no se alcanzare ningún acuerdo con la parte arrendadora persona física, el arrendatario en situación de vulnerabilidad podrá acceder al programa de ayudas transitorias de financiación y líneas de avales con cobertura estatal creada al efecto, con un plazo de devolución de hasta 6 años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.

Los criterios y requisitos para acceder a esta ayuda transitoria habrá de ser definida a través de una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, en todo caso, serán ayudas finalistas, esto es, deben dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de la vivienda habitual y cubrirán hasta un máximo de seis mensualidades de renta.

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